El proyecto de ley tiene por objeto Disponer hasta el 31 de diciembre de 2023 la Emergencia Pública en materia Alimentaria y Nutricional en todo el territorio provincial, a fin de garantizar el acceso de la población a los contenidos alimentarios y nutricionales esenciales en medio de la presente crisis económica.
Esta iniciativa se fundamenta en los últimos datos de indigencia y pobreza de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondientes desde el año 2017 hasta finales del 2022, los cuales demuestran el acrecentamiento de la pobreza infantil a un 18,27 % en el Valle Central; quedando un 58% de niños y niñas en Gran Catamarca bajo la línea de pobreza. Es decir, que nos encontramos con cifras totalmente desalentadoras y alarmantes; entonces asegurar políticas que permitan mitigar los efectos negativos de la crisis económica en los sectores más vulnerables debe ser la principal prioridad.
Es fundamental garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la cual debe ser una política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para el acceso a los derechos a la vida, la salud, la educación y al pleno desarrollo integral. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de jerarquía constitucional según lo establecido por el artículo 75° inciso 22° de la Constitución Nacional, dispone que la alimentación forma parte del “derecho de cada persona a un nivel adecuado de vida para sí y para su familia”, y que los Estado partes en el presente Pacto, “reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegido contra el hambre”, “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, y que deben adoptar medidas para “la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños “.