El presente proyecto de ley busca dar una respuesta institucional y técnica a una de las problemáticas más silenciosas y destructivas que hoy afecta a las familias catamarqueñas: el sobreendeudamiento financiero.
Históricamente, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor ha sido una herramienta fundamental para mediar en conflictos de consumo tradicionales. Sin embargo, en el contexto socioeconómico actual, la naturaleza de los reclamos ha mutado profundamente. Hoy, nuestros ciudadanos no solo reclaman por un electrodoméstico defectuoso; acuden al Estado porque sus salarios son diezmados por débitos automáticos abusivos, tasas de interés usurarias, liquidaciones de tarjetas de crédito incomprensibles y ejecuciones de pagarés firmados en blanco por entidades financieras no bancarias o fintechs.
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