Este proyecto de ley surge de la convicción de que resulta fundamental que el propio Estado asuma la responsabilidad de impulsar, hacia el interior de su estructura, iniciativas de transformación que sean coherentes con las políticas de sostenibilidad ambiental que promueve la Provincia. No podemos pretender que la ciudadanía, las instituciones y los distintos sectores de nuestra sociedad adopten prácticas sostenibles si el Estado no es capaz de incorporar esos mismos criterios en sus propias estructuras y en el desarrollo cotidiano de sus funciones.
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