El derecho penal juvenil tiene una extensa consagración en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y exige que todo niño, niña y adolescente (NNyA) que se le impute la comisión de un delito, sea juzgado y
sancionado por un sistema especial. Como así también su abordaje y tratamiento debe llevarse a cabo por personal especializado.