Los derechos políticos son derechos fundamentales y promover su ejercicio requiere el más alto estándar de actuación del estado, así como de otros agentes fundamentales para la democracia.
El camino que las mujeres han tenido que transitar para lograr participación política en espacios de decisión ha estado lleno de obstáculos. Desde el derecho al voto femenino en el año 1951, la determinación de la ley de cupo en el año 1991 y la esperada ley de paridad en el año 2017, las mujeres han tenido que enfrentar muchas dificultades para poder ejercer plenamente sus derechos políticos; y aún siguen existiendo obstáculos y ‘techos de cristal’, a pesar de contar con marcos normativos que amparan sus derechos.