La reforma constitucional de 1994 incorporó consigo los derechos de incidencia colectiva, sobre la base de la solidaridad y la premisa de que estos derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible o a un medio ambiente sano.
El artículo 41 de nuestra Carta Magna consagra la protección del medio ambiente, el cual en su parte pertinente sin nombrar a los animales específicamente, garantiza su cuidado al dejar de manifiesto que: “.. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”. La preservación de la biodiversidad, por ende, su cuidado y protección, es un deber que deriva de propio texto constitucional, y un reconocimiento expreso hacia la vida animal. Los animales no son cosas, y eso está cada vez más claro.