El acceso a servicios públicos y comerciales es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, consagrado tanto en nuestra Constitución Nacional como en tratados internacionales de derechos humanos.
La atención al consumidor no solo implica la prestación de un servicio, sino que también es un acto de justicia y equidad que el Estado debe garantizar para asegurar condiciones dignas y equitativas para todos los ciudadanos.