Independientemente de los fundamentos se emigró en la pasada sesión para votar en contra de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial para el Ejercicio Fiscal 2024, hoy se presenta esta iniciativa tendiente a derogar la norma, en virtud de la inconstitucionalidad manifiesta en la que incurre y que afecta la independencia del Poder judicial.
Es inocultable que con la sanción de la Ley Nº 5831, la situación del Poder Judicial, no solo se ha tornado crítica para lo que resta del año, sino que va a agravarse durante el año entrante, debido al recorte presupuestario que viene sufriendo anualmente desde el año 2019 y que obligó a que este deba acudir al Gobierno para solicitar readecuaciones presupuestarias anuales, a los efectos de contar con los fondos necesarios para su normal funcionamiento, que es –ni más ni menos- el de administrar justicia.
En esa tesitura vale destacar que durante el año 2023 el Poder Judicial ha presentado ocho (8) notas donde solicitaron el refuerzo de los créditos presupuestarios de las partidas asignadas a gastos en personal, dado que el crédito disponible resultó insuficiente para realizar el pago de los haberes.