Diputados aprobó con media sanción un proyecto de ley que marca un nuevo hito en la lucha contra la violencia de género. Se trata de la iniciativa impulsada por la titular del cuerpo, Cecilia Guerrero, y cuyo objetivo principal es establecer la prohibición de ingresar, permanecer y/o ejercer como funcionario o empleado de la administración provincial a aquellos involucrados en actos de violencia de género. Además, la iniciativa deja en claro cuál será el procedimiento de remoción para quienes hayan cometido violencia familiar o de género en los cargos de Gobernador, Vice, Ministros de la Corte de Justicia, Legislador, integrante del Tribunal de Cuentas, Intendentes y Concejales.
La Ley establece la cesantía para agresores declarados en sede civil y exoneración para aquellos con condena penal relacionada con violencia de género. En el caso de Legisladores, la Cámara a la que pertenecen deberá decidir la separación, cumpliendo con la exigencia de la ley. Lo mismo se aplica a miembros de la Corte, Gobernador, Vice, Intendentes y Concejales, con procedimientos específicos para cada caso.
“La violencia de género es considerada una grave ofensa a la dignidad de las mujeres e identidades diversas” dijo la autora de la iniciativa para acotar que “aspiramos con esto a que sea una norma disuasiva”. A la vez, explicó que se establece la cesantía para agresores declarados en sede civil y la exoneración para aquellos con condena penal relacionada con violencia de género. Además, precisó el procedimiento en el caso de un Legislador donde “tendrá que ser la Cámara a la que pertenece la que deberá decidir la separación, pero deberá decidirlo, ya que esta Ley exige la separación del cargo”. “Lo mismo con relación a los miembros de la Corte, que será por juicio político como establece la propia Constitución y también para quien ocupe el cargo de Gobernador y Vice” indicó.
“En el caso de los intendentes, si el Municipio tiene Carta Orgánica se aplicarán los procedimientos establecidos allí y si no tienen Carta Magna comunal será el Concejo Deliberante. En el caso de los Concejales, el propio cuerpo deberá decidir la separación” puntualizó. “Se establece que la ley sea de orden público dado los intereses en juego” aclaró Guerrero y mencionó que, como una de las causas más comunes por las cuales las mujeres son víctimas de la violencia es la dependencia económica. “Por ello se propicia el derecho a que las mujeres víctimas de que pueda ingresar una vez producida la cesantía, exoneración o baja del funcionario, a prestar servicios en el Estado” señaló.
A su turno, Natalia Herrera (UCR-JxC) calificó “de suma importancia que se sumen mecanismos para frenar la violencia de género” mientras que Adriana Diaz (FT) resaltó el valor de las consecuencias prácticas que derivarán de esta medida: “Este es un gran avance en lo que nos gusta llamar lo concreto. Se dice que hablamos mucho de violencia de género, que para qué tanta legislación en el mismo sentido si no cambiaba nada en la realidad”. Por su parte, Mónica Zalazar (FT) reflexionó sobre la necesidad de llegar a instancias legales y Silvana Carrizo (UCR-JxC) destacó la importancia de debatir estos temas: “Venimos una vez más, aunque sea con letargo, a dar soluciones a las mujeres catamarqueñas que hasta ahora vienen siendo desamparadas”.
