Son muchas las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que habitan en contextos rurales. Cuando el Estado argentino adhirió a la CEDAW mediante Ley Nacional 23.179 en el año 1985, se comprometió a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el pleno desarrollo de las mujeres y el goce de sus derechos humanos. En este orden de ideas, es que la referida Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, también estableció la obligación de tener en cuenta los problemas especiales a los que tienen que enfrentarse las mujeres rurales, teniendo en consideración el importante papel que desempeñan en lo que hace a la subsistencia familiar, y el deber de adoptar medidas apropiadas para garantizar la aplicación a su respecto, de las disposiciones de la convención.
La ruralidad se erige en la mayoría de los casos, en un factor de discriminación de las mujeres que la habitan, porque acrecientan las desigualdades estructurales que las someten e impiden su desarrollo pleno y, por consiguiente, el acceso efectivo a sus derechos.