La construcción de una sociedad verdaderamente democrática, más justa, solidaria, inclusiva e integradora para todos y todas, es responsabilidad del Estado y de la participación protagónica del conjunto de la comunidad.
Pensar el presente y el futuro social, requiere acciones concretas que impliquen políticas públicas contundentes para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos.
En este orden de ideas, es dable afirmar que los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son Derechos Humanos, que el Estado, las familias en sus distintas modalidades, y la comunidad tenemos la obligación de asegurar.
La evolución social y normativa, tanto a nivel internacional, como nacional y provincial, ha traído significativos avances en orden a considerar a las infancias como sujetos de derecho, y vinculado estrechamente con ello, ha transformado el concepto y alcances de la parentalidad. Las grandes transformaciones históricas y sociales, que incluyen una diversificación de formas familiares, también han ocasionado una redefinición de los roles de género dentro de la familia, tanto de la pareja como de los hijos e hijas. Dejamos atrás la conformación vertical y jerárquica de las estructuras familiares para pasar a una concepción más horizontal, democrática y con criterios de equidad.