El 13 de septiembre de 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.397, la cual fue promulgada el 2 de octubre de 2017. La normativa denominada: “Determinaciones de Precios en los Contratos de Obra Pública Destinados a Vivienda”, dispone un sinceramiento de la oferta, en materia de obra pública destinada a vivienda, así como en los programas o planes de financiamiento de construcción o mejoramiento de viviendas, que se encuentre en consonancia con los índices de ahorro y préstamo para vivienda, a través de un indicador conocido y que sea reflejo de la variación real del costo de la construcción.
La normativa genera certidumbre tanto en el órgano que encomienda la obra, el oferente durante la etapa presupuestaria, así como en el órgano ejecutor durante el avance físico de las obras, pretendiendo evitar la “especulación consistente”, que consisten en el incremento indebido de los valores de las ofertas económicas iniciales intentado prever las demoras y fluctuaciones que en ocasiona un contexto económico inflacionario característico en nuestro país.