A través de este se busca establecer políticas destinadas a fomentar la implementación de herramientas de seguridad idóneas, para la protección y el resguardo psicofísico de la comunidad educativa en su totalidad.
Cabe recordar que el derecho a la educación se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna desde sus orígenes. Así, en el Preámbulo cuando proclama como uno de los objetivos: “promover el bienestar general”; en el artículo 5, al imponer a las provincias la obligación de asegurar “la educación primaria”; en el artículo 14, al establecer que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos….” “…enseñar y aprender”.