En marzo de 2009, nuestro país sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley, entre otros aspectos, establece obligaciones para el Estado, reconoce derechos a las mujeres y define tipos y modalidades de violencia. Con posterioridad a este suceso, fue sancionada en nuestra provincia, la ley 5.434 que previene la violencia familiar y de género. Estos dos hechos significativos, genero el avance jurídico sobre el estado de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas por violencia.
Este cuerpo normativo ha entendido por “violencia contra la mujer a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Es por ello, que los derechos protegidos por tal legislación han garantizado, entre otros objetivos: Que se respete su dignidad; gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad”.