Las cifras del año en curso distan de mejorar. En lo que va del año 2022, en Argentina se registra un femicidio cada 26 horas y en este lapso (poco más de tres meses de redactado y presentado este proyecto), 43 niños y niñas perdieron a su madre. La provincia de Catamarca figura entre las que tienen mayor tasa de femicidios a nivel nacional. Según el Registro de Mumalá, las provincias con tasas más altas de femicidios son Tierra del Fuego 2.2%; La Pampa 1.6%; La Rioja y Jujuy 1.5%; Catamarca y Santiago del Estero 1.4%.
Como es sabido, estos fatales (y evitables) desenlaces vienen, en lo general, precedidos de hechos de violencia machista intrafamiliar que van escalando en su gravedad y frecuencia y que derivan en la muerte de muchas mujeres. En este orden, no podemos soslayar que en repetidas oportunidades las victimas de estas agresiones se ven imposibilitadas de alejarse o tomar distancia de donde conviven con el violento por cuanto el acceso a la justicia se ve comprometido para un gran sector de la sociedad, las medidas de restricción, en aquellos casos que pueden solicitarlas, demoran en exceso su dictado o simplemente no tienen ningún otro lugar para irse. Sumado al sesgo machista que hemos podido observar en muchos operadores de justicia, como también miembros de la administración pública. Entonces ¿Qué ocurre con las víctimas y sus hijos mientras tanto?
Esta diputada entiende que lo ideal seria que el agresor sea inmediatamente excluido de la propiedad y que se le conceda el uso exclusivo a la mujer violentada con más un efectivo dictado de medias de seguridad que garanticen la indemnidad de la víctima. Como así también aseguren por lo menos las medidas, para no dejar a la víctima también más desprotegida y en una situación más compleja de vulnerabilidad económica. No obstante, esto está lejos de ser una realidad. Para el caso, repárese que al día de la fecha siguen sin ponerse en funcionamiento los nuevos Juzgados de Violencia Familiar y de Género, creados por la Ley 5434 allá por abril de 2015.
Recordando aquí que en numerosos casos estas mujeres se ven privadas de sus viviendas, sumando más desamparo a las complejas situaciones que ya deben atravesar. Por lo que la responsabilidad del Estado es indelegable, si establecemos que el hogar (ámbito de seguridad de los miembros de la familia), es muchas veces el lugar donde se producen los hechos más cruentos de violencia, más complejos de probar y de sacar a la luz, de los que tristemente muchas veces las víctimas directas e indirectas no pueden salir. Su hogar se transforma en un ámbito de opresión, un lugar donde se niega a una persona de su condición de sujeto digno, para ser precisamente objeto de agresiones.